La falta de una política clara para la corrección de errores y la publicación de fe de erratas en los textos escolares se convirtió en el eje de una sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la editorial Santillana, tras la denuncia de un padre de familia en Santa Marta.
La editorial fue multada con 400 millones de pesos debido a errores detectados en varios de sus libros, lo que desató un proceso que involucró a la institución educativa, el Ministerio de Educación y, finalmente, a la SIC.
El conflicto se originó cuando un padre de familia revisó los materiales escolares adquiridos para su hija, quien cursaba séptimo grado. En particular, el libro de matemáticas presentaba problemas en sus explicaciones: los procedimientos para llegar a las respuestas no eran claros y, en algunos casos, los resultados finales carecían de una lógica comprensible. No fue el único inconveniente.
El malestar del padre aumentó al recordar el alto costo de los libros: había desembolsado más de ochocientos mil pesos por los dos tomos, una compra obligatoria que debía realizarse antes del 17 de febrero de 2023.
Decidido a verificar la calidad del material, revisó otros textos de la misma editorial y encontró errores adicionales y preocupado, elevó una queja formal ante los directivos del colegio.
La institución educativa, sin embargo, rechazó cualquier responsabilidad ya que según su postura, la selección de los textos escolares se basaba en la trayectoria de la editorial y en la supervisión realizada por el Ministerio de Educación, entidad encargada de regular los contenidos pedagógicos. La respuesta dejó al padre de familia sin soluciones concretas.
Ante la falta de una solución por parte del colegio, el padre decidió acudir al Ministerio de Educación, que a su vez escaló la queja a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), organismo encargado de velar por la calidad de los productos comercializados en el país.
La SIC inició un proceso de análisis en dos fases. En primer lugar, convocó a las partes involucradas para conocer sus versiones. Luego, evaluó la responsabilidad del colegio en la selección del material y el impacto de los errores en los libros. Se plantearon varias preguntas:
- ¿En qué medida el colegio era responsable de la calidad de los textos recomendados?
- ¿Cuántos libros presentaban errores?
- ¿Qué medidas correctivas podría implementar la editorial para corregir sus publicaciones?
En el proceso de investigación, la SIC determinó que el colegio había elegido a Santillana basándose en su trayectoria y en su capacidad para ofrecer materiales complementarios a través de plataformas digitales como UNOI.
La editorial, de origen español y fundada en 1958 por Jesús de Polanco, ha estado presente en Colombia desde 1988 y, con el paso de los años, se consolidó como una de las principales proveedoras de textos escolares. En 2020, fue adquirida por la multinacional finlandesa Sanoma, líder global en la producción de material educativo.
Si bien la editorial contaba con un reconocido prestigio en el sector, la investigación confirmó que sus publicaciones presentaban errores que afectaban la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Se encontró, además, que la editorial no contaba con un protocolo claro para corregir erratas ni para informar a los compradores sobre eventuales fallos en los textos.
Como resultado de la investigación, la SIC determinó que Santillana incumplió con su obligación de garantizar la calidad del producto y de ofrecer mecanismos adecuados para corregir errores en sus publicaciones. Por esta razón, impuso una multa de 400 millones de pesos a la editorial.
El caso puso en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre los materiales educativos en el país y dejó en el debate la responsabilidad compartida entre editoriales, colegios y el Estado en la garantía de una educación de calidad.
Además, resaltó la importancia de que los padres de familia revisen los contenidos pedagógicos y exijan respuestas cuando detecten irregularidades que puedan afectar la formación de sus hijos.
En adelante, se espera que las editoriales implementen políticas más rigurosas para la corrección de errores y que el Ministerio de Educación refuerce sus mecanismos de supervisión para evitar que situaciones similares se repitan.
El análisis del material, que comenzó con el de matemáticas llevó a la SIC a identificar 38 textos con fallas, al menos eso encontró la investigación. Había inconsistencias en Lectura Crítica 2, 3, 4 y 5, Ciencias 6 V1 Siglo XXI, Matemáticas 6, Sociales 4, 6, Ciencias 2 B1 Sistema Unoi, Matemáticas 3, entre otros.
La Editorial representada por Rodrigo de la Ossa Izquierdo respondió los cuestionamientos de la SIC y señaló que si bien los materiales son sometidos a una revisión cuidadosa es imposible evitar errores y para ello existe una política de fe erratas en la página web UNOI. En esta no solo se identifican las fallas, sino que se actualizan los contenidos. Para la Super la explicación no fue suficiente.
